La próxima implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa uno de los cambios más relevantes en la historia reciente de la justicia en México y del estado de Durango por supuesto. Su objetivo central es unificar las reglas procesales en todo el país, sustituyendo los diversos códigos locales, con el fin de lograr una justicia más ágil, transparente y con mayor protección a los derechos humanos.
En la práctica forense esto significa, que el Juez de cualquier rincón del país deberá ceñirse al mismo procedimiento que los demás y el abogado podrá litigar bajo el mismo procedimiento en Durango que en la capital del país o cualquier otra entidad federativa.
En el caso local, este cambio no solo implica una transformación normativa, sino también un replanteamiento profundo en la forma en que se concilian y resuelven los conflictos civiles y familiares, ya sea por convenio o mediante sentencia, temas que constituyen la gran mayoría de los asuntos que se ventilan en el Poder Judicial del Estado de Durango.
Transformación de las instituciones jurídicas: hacia una justicia más eficiente.
Uno de los principales impactos del nuevo Código será la modernización de las instituciones judiciales. La adopción generalizada de la oralidad, la digitalización de los procedimientos y la concentración de audiencias busca reducir tiempos procesales, evitar dilaciones innecesarias y fortalecer la inmediación del juzgador con las partes.
Esto significa que la justicia dejará de ser predominantemente escrita y fragmentada, para convertirse en un modelo más dinámico, donde las audiencias tendrán un papel central. En términos institucionales, esto exigirá capacitación constante, reorganización de juzgados y una mayor infraestructura tecnológica.
Asimismo, se fortalece la justicia alternativa y los mecanismos de solución de controversias, lo que permitirá que muchos conflictos puedan resolverse sin necesidad de llegar a juicio, favoreciendo la conciliación y reduciendo la carga de trabajo judicial.
Protección reforzada de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; así como de grupos vulnerables.
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo modelo es el énfasis en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente niñas, niños, adolescentes y mujeres y personas con discapacidad.
El Código incorpora de manera obligatoria y transversal el principio del interés superior de la niñez, lo que obliga a todas las autoridades judiciales a priorizar su bienestar en cualquier procedimiento en el que estén involucrados sus derechos. Esto implica, por ejemplo, evitar exposiciones innecesarias a procesos revictimizantes, reducir tiempos de espera y adoptar medidas inmediatas de protección cuando exista riesgo.
En materia de violencia familiar y violencia contra la mujer, el nuevo marco fortalece las facultades del juzgador para dictar medidas provisionales urgentes, incluso desde las primeras etapas del procedimiento, con el objetivo de detener situaciones de riesgo de manera inmediata. Este enfoque refuerza la idea de que la justicia no debe ser solo resolutiva, sino también preventiva y protectora.
Respecto a personas con discapacidad, se sustituye aquel procedimiento ordinario de Interdicción, para dar paso a un Juicio especial de designación de personas de apoyo, pudiendo ser cualquier familiar o persona de confianza de la PCD, mediante ajustes razonables al procedimiento y salvaguardias; que es un procedimiento que maximiza los derechos humanos de dichas personas.
Impacto social: una justicia más cercana y con mayor confianza ciudadana
Para la sociedad en general, el impacto más visible del nuevo Código debería ser una justicia más accesible y comprensible. La simplificación de procedimientos, el uso de herramientas digitales y la reducción de formalismos buscan acercar el sistema judicial a las personas, especialmente a quienes no cuentan con asesoría legal especializada.
Esto puede traducirse en una mayor confianza en las instituciones, siempre que la implementación sea adecuada y se acompañe de recursos suficientes. Sin embargo, también representa un desafío importante: la brecha digital, la capacitación del personal judicial y la adecuación de la infraestructura serán factores determinantes para su éxito.
Por otra parte, al homogeneizar criterios en todo el país, se busca disminuir desigualdades entre entidades federativas, garantizando que el acceso a la justicia no dependa del lugar donde se viva.
Reflexión final
El Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no es únicamente una reforma procesal; es un cambio de paradigma en la manera de entender la justicia cotidiana en México. En Durango, su implementación representa una oportunidad para fortalecer las instituciones judiciales, mejorar la protección de los derechos de las personas más vulnerables y acercar la justicia a la ciudadanía.
Su éxito dependerá no solo de la norma en sí, sino de la capacidad institucional para traducirla en prácticas reales: más humanas, más ágiles y más sensibles a las necesidades sociales.
M.D. LUIS MARIO HERNÁNDEZ VARGAS
Juez Familiar
