Por: Dr. José Oscar Frías Ortega
La soberanía mexicana, en un análisis histórico es entendida como la facultad absoluta del Estado para autodeterminarse y gobernar su territorio sin injerencias externas, enfrenta en este año 2026 una de sus transformaciones más profundas. Los conceptos tradicionales de fronteras y control estatal se han visto desafiados por la interdependencia económica, la digitalización acelerada y la urgencia de la transición energética global. Así pues, la renegociación del T-MEC y la Soberanía Comercial puede ser el primer análisis porque a lo largo de las últimas décadas, la integración económica con América del Norte ha sido tanto un motor de crecimiento como un dilema para la autonomía nacional. Y si conocemos esto, desde 1994 crea una “soberanía compartida” o condicionada, donde las decisiones políticas internas de México a menudo deben alinearse con los marcos regulatorios internacionales para evitar sanciones económicas.
Y hoy de cara a la revisión programada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno mexicano ha buscado un equilibrio crítico. Pero hoy la soberanía ya no se defiende mediante el aislamiento, sino a través de una diplomacia jurídica robusta que proteja los sectores clave, como el agrícola y el automotriz, sin romper las cadenas de suministro globales.
Pero si queremos ver otra visión de la soberanía nos queda una muy importante que es la Encrucijada Energética, que el gobierno quiere minimizar, cuando el sector energético sigue siendo el símbolo más potente del nacionalismo y la soberanía en México. Sin embargo, la narrativa ha cambiado sustancialmente. Si bien a inicios de la década se priorizó el fortalecimiento de las empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajo un esquema tradicional, la realidad climática y tecnológica ha obligado a una reinterpretación y si queremos entender sobre lo que es hoy en día, la soberanía energética se entiende no solo como la propiedad del subsuelo, sino como la capacidad de asegurar el suministro eléctrico mediante fuentes limpias y renovables. Me quedaría con esta definición de la soberanía moderna radica en la autosuficiencia de la infraestructura de transición.
Pero aún más allá de la política del gobierno y la ríspida relación entre gobiernos estatales, el trago amargo es entender que ante la lucha del ingerencismo hemos olvidado un nuevo frente que es la Soberanía Digital y Ciberseguridad, un desafío más complejo no se encuentra en el espacio físico, sino en el ciberespacio. Con la digitalización de los servicios gubernamentales, la infraestructura crítica (presas, redes eléctricas, sistemas financieros) es vulnerable a actores transnacionales, en un México en pañales de la soberanía política, berrinches de gobiernos y rupturas de medias entre sus actores políticos, México presenta un rezago legislativo en materia de soberanía digital. Al almacenar gran parte de los datos nacionales en servidores extranjeros (pertenecientes a gigantes tecnológicos norteamericanos o europeos), el Estado mexicano cede un fragmento de su control territorial virtual. Proteger los datos de los ciudadanos y asegurar la infraestructura digital es, actualmente, tan vital como resguardar las fronteras geográficas.
La soberanía mexicana no puede seguir siendo interpretada bajo los cánones rígidos del siglo XIX. Que sería lo más frívolo y que está realizando el gobierno federal, la soberanía debe ser relacionada a la interconexión global exige una postura pragmática donde el Estado mexicano fortalezca sus instituciones internas —especialmente en tecnología, energía sustentable y estado de derecho— para poder negociar en condiciones de igualdad en el escenario internacional. La verdadera soberanía consiste en la capacidad de decidir el rumbo del país en un mundo interconectado, transformando la interdependencia en una fortaleza y no en una subordinación.
Bajo este lente, el concepto de la soberanía mexicana en 2026 se define como la capacidad real y material del Estado para ejercer el control sobre su territorio y población, y para resistir la imposición de actores externos más poderosos. Así pues, la interpretación realista de la soberanía mexicana puede verse articulada en tres premisas fundamentales:
La Soberanía como Función del Poder Material (Económico y Militar). Con el realismo, las leyes internacionales y los tratados (como el T-MEC) son solo instrumentos que reflejan la distribución del poder real. La soberanía no es un derecho garantizado, sino una condición que se defiende con capacidades tangibles. Para los mexicanos la interpretación de la soberanía de México está intrínsecamente condicionada por su asimetría de poder frente a Estados Unidos. Desde este enfoque, la soberanía mexicana no es absoluta, sino negociada desde una posición de subordinación estructural como interdependencia asimétrica. México utiliza sus cartas de poder real (como el control del flujo migratorio, el acceso a recursos naturales y su mercado de consumo) para equilibrar frente a las presiones de Washington. Eso es hacia afuera, con nuestro vecino del norte, pero el Desafío Interno: El Monopolio de la Fuerza. El realismo clásico (Hobbesiano) dicta que la primera obligación de un Estado soberano es garantizar el orden interno y el monopolio de la violencia legítima dentro de sus fronteras. Si el Estado no controla su territorio, la soberanía se erosiona desde dentro. La interpretación: El realismo político interpreta el auge de los poderes fácticos y el crimen organizado en ciertas regiones del país como una crisis de soberanía interna. Si existen zonas donde grupos no estatales imponen la ley, cobran impuestos (extorsión) y controlan el territorio, el Estado experimenta una pérdida de soberanía real, independientemente de lo que diga la Constitución. Para el realismo, la soberanía se recupera mediante el fortalecimiento de las capacidades coercitivas del Estado (fuerzas armadas y policía) y no mediante acuerdos sociales.
El tercer análisis es el pragmatismo Energético y Tecnológico ante la Seguridad Nacional. Donde el realismo, la supervivencia del Estado es el fin supremo (razón de Estado). Por lo tanto, recursos como la energía, el agua y la infraestructura digital no son solo bienes económicos, sino elementos de seguridad nacional. Aquí la interpretación se dice que la soberanía energética o digital de México, bajo este enfoque, no es un asunto de orgullo identitario, sino de vulnerabilidad estratégica. Depender de la tecnología de potencias extranjeras (como EE. UU. o China) para la ciberseguridad, o de gas importado para generar electricidad, sitúa a México en una posición de debilidad. El realismo dicta que México debe buscar la autosuficiencia en estos sectores críticos para evitar que otros Estados utilicen esa dependencia como un arma de coerción política
En síntesis: Desde el realismo político, la soberanía mexicana en 2026 no es un concepto romántico de “libertad total”, sino una medida de autonomía relativa. Es el margen de maniobra que el Estado mexicano logra retener y defender frente a la hegemonía estadounidense en el exterior y frente a las gobernanzas criminales en el interior, utilizando el pragmatismo, la fuerza y la diplomacia del poder.