La revisión de los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2025 podrá incluir la comparecencia de algunos funcionarios para que amplíen la información de los gastos financieros, anunció el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ernesto Alanís Herrera.
“En el periodo de septiembre estaremos iniciando la entrega y revisión de los resultados. Con base en el trabajo realizado por los secretariados técnicos podremos determinar en qué casos será necesario solicitar información complementaria, ampliar datos o convocar a algún funcionario para explicar aspectos específicos de las cuentas públicas”, señaló.
En entrevista explicó que, una vez que la Auditoría Superior del Estado entregó en tiempo y forma los informes correspondientes, el siguiente paso será el análisis técnico y legislativo de cada expediente, con la posibilidad de solicitar información adicional e incluso citar a comparecer a funcionarios cuando sea necesario aclarar observaciones.
Alanís Herrera precisó que será a partir de este proceso cuando el Congreso comience la evaluación particular de cada ente fiscalizado, lo que permitirá emitir las resoluciones correspondientes respecto a la aprobación o no de las cuentas públicas.
Recordó que la Auditoría Superior del Estado contaba legalmente con plazo hasta finales de julio para presentar los informes de resultados, por lo que la entrega se realizó conforme a la normatividad vigente.
Por ello, el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI reiteró que el análisis de las cuentas públicas se realizará con criterios estrictamente técnicos y objetivos, dejando de lado cualquier consideración de carácter político o partidista.
El legislador consideró que actualmente existen mayores herramientas institucionales para cuidar el presupuesto público y sancionar a quienes hagan un uso indebido de los recursos, no obstante, explicó que el procedimiento de fiscalización contempla primero la atención de observaciones, ya que muchas pueden derivar de errores administrativos u omisiones documentales que pueden ser solventadas oportunamente.
“Hay observaciones que corresponden a aspectos administrativos, como la falta de una factura o un documento comprobatorio. Pero cuando se detectan procesos incompletos o posibles irregularidades de mayor alcance, entonces se realiza una revisión mucho más profunda y, de ser necesario, se actúa conforme a la ley”, comentó.
Finalmente, destacó que ha sido testigo de procesos legales en contra de presidentes municipales, impulsados por las Fiscalías Anticorrupción, sustentados en información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado.
