D. en P. José Oscar Frías Ortega
Los ciudadanos vemos en los teléfonos celulares que han dejado de ser simples dispositivos de comunicación para convertirse en herramientas que concentran información personal, financiera, laboral y social, bueno quizás hasta para las mamas modernas en el educador personal de sus nenes. Así bajo esa definición que hoy el gobierno de México quiera establecer un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil constituye un acontecimiento de gran relevancia política y jurídica. Por no solo es una propuesta gubernamental parte de una premisa aparentemente sencilla: si cada línea telefónica está asociada a una identidad verificable, será más fácil perseguir delitos cometidos mediante llamadas telefónicas. Y así como se lee de sencillo se esta aceptando que el anonimato tecnológico se convierte en un factor criminógeno que debe ser eliminado. Pero esta explicación simplista del gobierno hace que los expertos cuestionen esta visión por considerar que simplifica fenómenos delictivos complejos y puede generar consecuencias adversas para la privacidad y los derechos humanos.
A decir verdad, esta es otro intento mas del gobierno por la implementación de un padrón de usuarios de telefonía móvil durante la década pasada mediante el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), experiencia que terminó siendo considerada un fracaso debido a problemas de seguridad de la información y cuestionamientos constitucionales. Pero el gobierno lo volvió a intentar y propuso el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y aquí cuando los la separación de poderes existía en México este fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que vulneraba derechos fundamentales. Y a pesar de estos antecedentes, el gobierno federal de la cuarta transformación ha retomado la iniciativa mediante nuevas disposiciones regulatorias orientadas a vincular las líneas telefónicas con la identidad de los usuarios.
La narrativa gubernamental de la seguridad es considerada elprincipal argumento utilizado por las autoridades para justificar el registro obligatorio es el combate a delitos como la extorsión telefónica, el fraude y el secuestro virtual. Con esta justificación sería lógico entender que los delincuentes dejaran de utilizar líneas anónimas para operar con impunidad. Dicho de otra manera, las compañías telefónicas deben registrar y verificar la identidad de los usuarios mediante documentación oficial y claves de identificación personal.
En sentido común esto da respuesta a que la seguridad estaría basada en los datos de los usuarios de las líneas telefónicas de celulares. Lo cual es la parte sencilla del proceso, pero no se visualizó que existen 134 millones de líneas telefónicas o más en este momento y el verdadero problema es la acumulación masiva de información se considera un recurso estratégico para la prevención y persecución del delito. Pero por experiencia internacional muestra que la existencia de registros obligatorios de usuarios no garantiza por sí misma una disminución significativa de la criminalidad.
Seamos francos delincuencia organizada suele adaptarse rápidamente a los nuevos mecanismos de control. Los grupos delictivos pueden recurrir a identidades falsas, líneas obtenidas mediante terceros o plataformas digitales alternativas para mantener el anonimato operativo.
Así que hablar de vigilancia digital y derechos fundamentales, se convierte en uno de los principales cuestionamientos al registro de celulares ya que es necesario valorar sus implicaciones para la privacidad. Y no olvidar que se generan de manera sistemática de datos personales con bases de información altamente sensibles que pueden ser utilizadas con fines distintos a aquellos para los cuales fueron originalmente diseñadas. Por experiencia internacional se debe considerar que las bases de datos centralizadas constituyen objetivos atractivos para actores criminales, grupos de ciberdelincuencia e incluso funcionarios corruptos. Todos los países donde se ha dado concentración de información personal pueden incrementar los riesgos de robo de identidad, espionaje y vigilancia indebida. No debemos olvidar como se filtrar información sensible, archivos, y porque no ya hasta la identidad, es así que diversas organizaciones defensoras de derechos digitales han advertido que el nuevo esquema podría facilitar formas de vigilancia estatal más amplias, y sin controles judiciales suficientemente robustos podría afectar derechos como la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación de los usuarios. Este es un problema que es de una dimensión aún más compleja ante la incorporación progresiva de sistemas biométricos asociados a la identificación ciudadana.
De esta manera la Seguridad versus libertad se convierte en un falso dilema. Ya que el gobierno pretendepresentar la seguridad y la privacidad como objetivos incompatibles donde los ciudadanos deben sacrificar parte de sus libertades para obtener mayor protección frente al delito. Es una dicotomía que resulta engañosa. Las democracias constitucionales modernas se fundamentan precisamente en la capacidad de garantizar simultáneamente seguridad y derechos fundamentales. Cuando las políticas públicas privilegian excesivamente el control social sobre las libertades individuales, existe el riesgo de fortalecer prácticas de vigilancia incompatibles con un Estado democrático de derecho. Aquí la pregunta central no debería ser ¿si el Estado puede recopilar información?, sino, ¿bajo qué condiciones, con qué límites, mediante qué mecanismos de supervisión y con qué garantías para la ciudadanía?
Se entiende que bajo la legislación el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil en México constituye una política pública de gran alcance cuyas implicaciones trascienden el ámbito de las telecomunicaciones. Pero esto, aunque se considera que busca responder a problemas reales de seguridad pública, su eficacia permanece incierta y enfrenta importantes cuestionamientos derivados de experiencias previas fallidas. La concentración de información personal y biométrica en grandes bases de datos incrementa los riesgos para la privacidad, especialmente en un contexto caracterizado por desafíos institucionales en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales.
Los ciudadanos no creemos que es una solución definitiva al problema de la delincuencia, el registro de celulares parece formar parte de una tendencia global hacia la expansión de mecanismos de vigilancia digital. Y su implementación debe estar acompañada de controles democráticos rigurosos, supervisión judicial efectiva y una evaluación permanente de sus resultados. No olvidemos nunca que el registro de celulares no trata únicamente de tecnología o telecomunicaciones; trata del modelo de relación que una sociedad democrática desea construir entre seguridad, ciudadanía y libertad.
