Entre la corrupción, la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas en México (2026)
D. en P. José Oscar Frías Ortega
México a transita por el sueño de algunos políticos de la Transformación, en las ultimas décadas, la transición política que se ha iniciado desde hace 30 años, permitiendo la alternancia partidista, dio fortalecimiento a las instituciones electorales, amplio los mecanismos de transparencia y ha realizado la construcción de organismos especializados en fiscalización y protección de los derechos. Pero esta consolidación democrática no significo la desaparición de las estructuras de corrupción, clientelismo, impunidad y la utilización del patrimonio de los recursos públicos.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 se dio un cambio significativo en la configuración del sistema político. Pero la llegada de un nuevo proyecto cuestionó el funcionamiento de las instituciones existentes y promovió una reorganización de la administración pública bajo los principios de austeridad, combate a la corrupción y concentración de las decisiones estratégicas en el Ejecutivo y para dar continuidad a este proyecto llega Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, se mantuvo la continuidad general del proyecto político, al mismo tiempo que se desarrollaron nuevas reformas constitucionales y administrativas.
En la realidad el análisis no es la legitimidad electoral de un gobierno para impulsar reformas. Debemos comprender que, en una democracia, los gobiernos electos tienen facultades para modificar las instituciones conforme a los procedimientos constitucionales. La pregunta obligada es ¿Hasta qué punto las reformas institucionales fortalecen la capacidad del Estado para combatir la corrupción o, por el contrario, reducen los contrapesos necesarios para vigilar el ejercicio del poder?. Es aquí donde una simple pregunta muestra una contradicción fundamental: un gobierno puede tener legitimidad electoral y, simultáneamente, enfrentar problemas relacionados con la autonomía institucional, la transparencia y la rendición de cuentas. Donde debemos de entender que la legitimidad electoral y los controles al poder son dimensiones complementarias, no excluyentes.
Pudiésemos hacer una recapitular las teorías de Max weber sobre burocracia, legalidad y dominación, a Robert Dahl sobre pluralismo y distribución del poder; a Guillermo O’Donnell con la rendición de cuentas horizontal y finalmente disertar sobre Steven Levitsky y Daniel Ziblatt: erosión democrática (2018) y son estos dos últimos los que explican que las democracias pueden debilitarse gradualmente mediante el deterioro de las normas y practicas institucionales; el planteamiento permite examinar los procesos como. La pérdida de autonomía de los órganos de control, la deslegitimación sistemática de las instituciones críticas, la reducción de los espacios de oposición, la utilización partidista de las instituciones y la disminución de los controles sobre el poder ejecutivo. Con esta aportación es importante porque permite distinguir entre una ruptura democrática abrupta y un proceso gradual de transformación de las condiciones institucionales.
Si analizamos la con concentración del poder en México: transformaciones institucionales (2018-2026). Podemos distinguir que la concentración del poder, se está realizando a través de las modificaciones en la estructura del Estado y la relación de las instituciones. Para México es importante analizar como en estos 8 años se ha dado fortaleza al poder ejecutivo, López (2018-2024) y Sheinbaum (2024- ) iniciaron un proceso de reorganización del Estado, donde el fortalecimiento del Ejecutivo puede facilitar la coordinación gubernamental y acelerar decisiones públicas. No obstante, también plantea riesgos cuando las facultades de supervisión y control no evolucionan al mismo ritmo. El problema no es necesariamente que el Ejecutivo tenga atribuciones importantes, sino que existan controles suficientemente independientes para impedir su utilización arbitraria. Es decir, el poder absoluto corrompe.
Y si observamos también inicio un proceso similar de reconfiguración del Poder Legislativo y aun cuando algunos son demasiado jóvenes, no logran comprender que cuando el partido gobernante y sus aliados cuentan con mayorías legislativas amplias, aumenta su capacidad para aprobar reformas constitucionales y modificar el diseño institucional. Se vuelven insano se reduce la democracia representativa y no se están respetando los procedimientos constitucionales y los derechos de las minorías. Hoy estamos viendo que existe la ausencia de deliberación efectiva no tenemos un debate parlamentario, vemos que no existe oposición real de las propuestas del ejecutivo, pasan por mayorías calificadas de un solo grupo y esa subordinación política de los órganos legislativos pueden disminuir la función de contrapeso del Congreso. El congreso no se debe comportar como un congreso domesticado, los ciudadanos nos quejamos de los regidores a modo de los municipios, que no se oponen a nada, de los diputados locales sometidos y ahora estamos expuestos a un congreso de una mayoría legislativa debe distinguirse de la legitimidad de todas las decisiones que adopta: la representación electoral no elimina la obligación de deliberar, justificar y rendir cuentas.
Por otro lado, la reforma judicial constituye uno de los cambios institucionales más relevantes del periodo. El chasco político de la elección del acordeón en una elección popular de integrantes del Poder Judicial fue defendido por sus promotores como un mecanismo para democratizar el acceso a los cargos judiciales, reducir privilegios y aumentar la legitimidad ciudadana. Esto termino un ciclo de credibilidad y contrapeso del Ejecutivo por parte del poder judicial, hoy la critica es la falta de independencia judicial, la politización de las decisiones y la posibilidad de que las campañas electorales generen nuevas formas de influencia sobre jueces y magistrados. Vale la pena analizar la autonomía de los juzgadores frente a los poderes políticos, la calidad de los mecanismos de selección, la protección de la carrera judicial, las garantías de imparcialidad, la seguridad jurídica de los ciudadanos y la capacidad de los tribunales para resolver controversias contra el propio gobierno. Pero nos debe preocupar a los mexicanos si los tribunales no cuentan con garantías suficientes de independencia, se reduce la capacidad de los ciudadanos para defenderse frente a posibles abusos del poder público.
México ha visto la desaparición y reorganización de organismos autónomos, a través de la reforma constitucional de simplificación orgánica de 2024 y su implementación posterior modificaron la estructura de diversos organismos autónomos. Y podemos ver la desaparición del INAI como organismo constitucional autónomo y la redistribución de sus funciones de transparencia y acceso a la información, en este momento un ciudadano no tiene garantizada el acceso a la información y el gobierno está en su papel de reservar la información y clasificarla como de seguridad nacional y no informa.
La concentración del poder no produce automáticamente corrupción. Sin embargo, puede generar condiciones institucionales que incrementan sus riesgos. Pero la corrupción encuentra oportunidades cuando coinciden tres condiciones: si se tiene capacidad de tomar decisiones discrecionales, en ausencia o debilidad de mecanismos independientes de supervisión y la baja probabilidad de investigación y sanción. Imagínese esta combinación de estos factores permite que determinadas decisiones públicas se utilicen para beneficiar intereses particulares. Hoy el gobierno tiene estas características concentra el poder político, a reducido los contrapesos institucionales, nadie lo puede vigilar, tiene discrecionalidad administrativa, decide sin controles suficientes, tiene una captura institucional, esta influenciado por poderes políticos y económicos, lo que representa un alto riesgo de corrupción e impunidad, todo esto gracias a haber debilitado y la responsabilidad pública.
Uno de los aspectos más importantes del México contemporáneo es la relación entre legitimidad electoral y concentración del poder, tenemos un gobierno puede obtener una mayoría considerable en las urnas y contar con respaldo social para transformar las instituciones. Pero este respaldo no significa que las decisiones gubernamentales deban quedar fuera de los mecanismos de vigilancia y es aquí donde esta la contradicción con una atención especial la democracia permite que las mayorías gobiernen, pero también exige que las mayorías estén sujetas a límites constitucionales e institucionales. Y es donde aparece el peligro cuando la legitimidad electoral se interpreta como autorización para disminuir la autonomía de las instituciones que deben supervisar al gobierno. Los mexicanos debemos de comprender que la mayoría electoral no sustituye la rendición de cuentas, la voluntad popular no elimina los derechos de las minorías políticas y que la transformación institucional no debe significar la desaparición de los controles sobre el poder. Así que la discusión nacional no debería centrarse exclusivamente en quién gobierna, sino en cómo se gobierna, quién supervisa las decisiones y qué mecanismos existen para sancionar los abusos.
Podemos comprender que las consecuencias para la democracia y el desarrollo nacional, es la delgada relación entre corrupción y concentración del poder que tiene efectos que trascienden la estructura gubernamental, esto en el ámbito político permite disminuir la competencia democrática, reducir la autonomía institucional y debilitar la confianza ciudadana; en el ámbito económico se genera incertidumbre jurídica, se favorecen los intereses particulares y tiende a reducir la competencia empresarial; en el ámbito social se puede profundizar la desigualdad, porque los sectores con menores recursos tienen menos posibilidades de enfrentar los abusos institucionales y son expuestos por su dependencia a los programas sociales; para el ámbito educativo, se afecta la distribución de recursos, la infraestructura escolar, la contratación pública y la calidad de los servicios educativos y en lo jurídico se puede debilitar la igualdad ante la ley cuando las posibilidades de investigación y sanción dependen de relaciones de poder. Todo esto es el resultado de una afectación de la capacidad del Estado para cumplir sus responsabilidades constitucionales y sociales.
Aun cuando la proceso de este gobierno parece no tener en mente reconsiderar su proceso de reconstrucción nacional que esta realizando para la concentración del poder, es necesario que el pode legislativo y el judicial, comprendan su función de contrapeso y recapaciten para devolver los contrapesos democráticos, permitiendo el fortalecimiento institucional, lo cual no significaría necesariamente volver al pasado que tanto les preocupa, sino significa garantizar mejores controles efectivos en la reorganización del Estado y proveer controles efectivos para controlar el ejercicio del poder. La reforma institucional debe evaluarse mediante resultados verificables, no solamente por el número de leyes aprobadas o instituciones reorganizadas.
¿Hacia dónde se dirige la democracia mexicana? La corrupción, la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas representan fenómenos interrelacionados en México, aun con la alternancia política, las reformas constitucionales y las mayorías electorales no garantizan por sí mismas la consolidación democrática. La democracia no consiste únicamente en que el pueblo elija a sus gobernantes; también consiste en que ningún gobernante, partido o grupo político tenga un poder que escape a la vigilancia de la sociedad y a los límites de la ley.
