En Durango no sobran maestros
Faltan donde más se necesitan
Mtro. Javier Reyes Solís
En el estado de Durango, la matrícula en educación básica ha disminuido de manera sostenida en los últimos años. Como consecuencia, el número de grupos escolares también se ha reducido y la autoridad educativa ha puesto en marcha un programa de retiro voluntario dirigido a docentes con menos de diez años de antigüedad. Dicho programa contempla incentivos económicos —cuyo monto no ha sido precisado públicamente— para quienes decidan acogerse a él.
Desde una perspectiva laboral, el tema reviste gran relevancia. El gremio magisterial se verá disminuido, en un contexto donde la reducción de la demanda educativa parece imponerse como un argumento difícil de refutar. Bajo la lógica actual del sistema educativo estatal, la conclusión parece inevitable: ya no se requieren tantos docentes en educación básica.
Sin embargo, esta lectura, centrada en criterios administrativos y demográficos, deja de lado otras dimensiones fundamentales del derecho a la educación. La disminución de la población en edad escolar no solo impacta al sistema de educación básica, sino que también compromete la viabilidad de las escuelas normales, responsables de la formación inicial docente. En este contexto, resulta especialmente significativo que la propia autoridad educativa haya llamado públicamente a los jóvenes interesados en cursar estudios para el magisterio a “pensarlo dos veces”, al advertir un escenario de limitado acceso al empleo.
La estrategia de atender esta problemática mediante programas de retiro voluntario ha generado un profundo rechazo entre el gremio magisterial y las instituciones formadoras de docentes. No obstante, la tendencia a la baja en la matrícula —tanto en educación básica como en las normales— es un fenómeno que se viene configurando desde hace años y que, previsiblemente, continuará.
Ahora bien, frente a este escenario, existen al menos dos vertientes de análisis que permiten matizar la idea de un “excedente” de docentes.
La primera se ubica en las comunidades con condiciones de marginación, dispersión o vulnerabilidad, donde la atención educativa recae, en gran medida, en figuras del Consejo Nacional de Fomento Educativo. En estos contextos, la enseñanza está a cargo de jóvenes con formación académica mínima (secundaria o media superior), quienes reciben capacitación pedagógica en el servicio y desarrollan su labor en condiciones complejas.
Desde una perspectiva de equidad, esta situación abre interrogantes relevantes. Si bien el modelo del CONAFE ha permitido ampliar la cobertura educativa en zonas de difícil acceso, también plantea desafíos en términos de igualdad de oportunidades. ¿Reciben las niñas y los niños de estas comunidades la misma calidad educativa que aquellos atendidos por docentes con formación profesional? ¿Puede el criterio de dispersión poblacional justificar diferencias sustantivas en la formación recibida? En el fondo, la pregunta es inevitable: ¿se está garantizando plenamente el derecho a una educación en condiciones de equidad?
La segunda vertiente se relaciona con la amplia presencia de escuelas multigrado en el estado. En muchas primarias y telesecundarias, un solo docente atiende a estudiantes de dos o más grados en una misma aula. La justificación suele ser administrativa: el bajo número de alumnos no permite asignar más maestros. Sin embargo, esta lógica vuelve a colocar en tensión el principio de equidad educativa.
¿El hecho de ser pocos estudiantes limita su derecho a una atención pedagógica más especializada? ¿Debe un solo docente asumir simultáneamente la responsabilidad de varios grados sin que ello impacte en los procesos de aprendizaje? Si bien es cierto que un profesional competente puede desarrollar estrategias eficaces en contextos multigrado, en la práctica persisten brechas en los niveles de logro educativo, particularmente al transitar hacia la educación media superior. A ello se suma que, con frecuencia, son docentes en sus primeros años de servicio quienes son asignados a estas escuelas, enfrentando condiciones para las que no siempre han sido suficientemente preparados.
Desde una perspectiva orientada por la igualdad sustantiva, podría plantearse la necesidad de redefinir los criterios de asignación docente en contextos rurales, por ejemplo, estableciendo límites más acotados al número de grados que atiende un solo maestro. Este tipo de medidas no solo contribuiría a mejorar las condiciones de enseñanza, sino que también abriría espacios para la incorporación de más docentes en el sistema.
Así, lo que en apariencia se presenta como un problema de excedente docente, puede reinterpretarse como un problema de distribución, equidad y modelo educativo. Visto desde esta perspectiva, la afirmación cambia de sentido:
En Durango, más que sobrar maestros, hacen falta… en los lugares donde más se necesitan.