El problema no es la ley electoral, es la perversión y la simulación.
Por Luis Alfredo Rangel Pescador
En la LVIII Legislatura, con cierta frecuencia, pedía el uso de la palabra, un diputado de la fracción del PRI, en su debate hacía notar de la innecesaria creación de leyes, con profunda seriedad y convicción, marcaba que con la ley de Dios, su cumplimiento y práctica diaria, era más que suficiente, de cariño se le decía “el reverendo” (saludos dilecto amigo Jaime Ruiz Canaan)
El contexto me lleva a discernir sobre el fracaso de las reformas constitucionales en materia electoral.
El fracaso no es únicamente por falta de votos o acuerdos, fracasó sobre todo, por una profunda contradicción: la ética se convirtió en bandera, pero no en guía.
Desde el poder, el discurso fue claro. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador insistió en que la reforma respondía a un principio moral incuestionable: austeridad, combate a privilegios y cercanía con el pueblo. Bajo esa lógica, reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral no era solo una decisión administrativa, sino un acto de justicia.
Del otro lado, la oposición elevó su propia causa al terreno ético. Defender al INE no era una postura política, sino una obligación moral para proteger la democracia. La narrativa fue igual de contundente: cualquier intento de modificar al árbitro electoral implicaba un riesgo autoritario.
Así, el debate dejó de ser técnico para convertirse en una disputa de superioridad moral. Y cuando la política se instala en ese terreno, el diálogo se vuelve imposible. Porque ya no se trata de construir acuerdos, sino de derrotar al “inmoral”.
Pero el problema de fondo no fue el uso de la ética, sino su manipulación.
Se habló de austeridad sin explicar cómo sostener elecciones confiables con menos recursos. Se defendió la democracia sin abrir espacio para reconocer fallas evidentes del sistema electoral: financiamiento excesivo, partidos desconectados de la ciudadanía, reglas que favorecen a las cúpulas. En ambos casos, la ética fue selectiva.
Esa incongruencia tuvo un costo: la pérdida de confianza.
Cuando los actores políticos predican principios que no aplican de forma consistente, la ciudadanía deja de creer. Y sin confianza, ninguna reforma —por necesaria que sea— puede prosperar. La ética, en lugar de construir puentes, se convierte en un muro.
En estados como Durango, esta realidad no es abstracta. Aquí, donde persisten prácticas como el clientelismo, el uso político de programas sociales y las sospechas sobre la influencia de intereses ilegales, el discurso moral de la clase política suena vacío. La gente no evalúa discursos, evalúa hechos.
Por eso, el fracaso de la reforma electoral deja una lección incómoda: México no tiene un problema de falta de principios, sino de exceso de moralismo sin coherencia.
La verdadera reforma pendiente no está en la ley, sino en la ética pública. Una ética que no se use como arma política, sino como base de acuerdos. Una ética que no divida entre “buenos” y “malos”, sino que obligue a todos a rendir cuentas.
Mientras eso no ocurra, cualquier intento de cambiar las reglas del juego seguirá condenado al mismo destino: el fracaso.