Mirada Sustantiva
Por Mario A. Saucedo
Ahogado el niño, a tapar el pozo…
Otra vez una escuela; otra vez una tragedia; otra vez los comunicados; las condolencias, las promesas de investigación y los anuncios de nuevas medidas y otra vez la misma pregunta: ¿tenemos que esperar a que alguien muera para actuar?
Lo ocurrido en la Secundaria General Número 13 de Torreón, donde dos exalumnos de 18 años irrumpieron en el plantel, asesinaron a la subdirectora y dejaron personas lesionadas, no puede reducirse a un hecho aislado que dentro de algunos días desaparezca de la conversación pública.
En marzo, dos maestras fueron asesinadas dentro de una preparatoria de Michoacán. Ahora una subdirectora pierde la vida en Torreón. ¿Cuántas tragedias necesitamos para entender que existe un problema que merece atención urgente? En México seguimos haciendo realidad aquel viejo dicho “ahogado el niño, a tapar el pozo”.
Después de la tragedia aparecen operativos, reuniones extraordinarias, mesas de trabajo, declaraciones, minutos de silencio y promesas de reforzar protocolos. Pasan los días, disminuye la atención mediática y pareciera que también disminuye la urgencia, es aquí cuando los discursos sobran y, por el contrario, se requieren acciones contundentes. La seguridad de nuestros niños, jóvenes y maestros debe ser tomada con seriedad y profunda responsabilidad.
Durante años hemos dejado prácticamente sola a la escuela frente a problemas que la rebasan. Al maestro se le pide enseñar, contener, detectar problemas emocionales, mediar conflictos, atender situaciones familiares, enfrentar violencia, aplicar protocolos y, llegado el extremo, proteger físicamente a sus alumnos. ¿Y quién protege al maestro? Las condiciones de seguridad en numerosos planteles son insuficientes frente a amenazas de esta naturaleza. Una puerta y un reglamento escolar difícilmente pueden contener fenómenos sociales que llevan años creciendo fuera de las aulas. Mas tampoco podemos caer en la salida fácil de creer que todo se soluciona prohibiendo. Ya lo hemos visto con los llamados narcocorridos.
En distintas entidades se prohibieron o restringieron determinadas expresiones vinculadas con la apología del delito y ¿Desapareció con ello la narcocultura? ¿Dejaron los jóvenes de consumir esos contenidos? Evidentemente, el fenómeno es mucho más complejo. Ahora podemos cometer el mismo error con las redes sociales. Por supuesto que deben existir responsabilidades y límites cuando se incita directamente a la violencia, pero retirar una canción, prohibir el uso del teléfono o eliminar una cuenta no sustituye la prevención, porque simplemente prohibir es relativamente sencillo, sin embargo prevenir obliga a trabajar con acciones contundentes y alto sentido de responsabilidad.
Es apremiante atender en la coordinación entre educación, salud y seguridad; trabajo con las familias; atención de adicciones; educación digital y recursos para intervenir antes de que una conducta de riesgo termine convertida en tragedia. Se necesita una estrategia eficaz de detección temprana; seguimiento de amenazas; capacitación; protocolos que funcionen en la realidad y no solamente en el papel.
Hablar de salud mental con responsabilidad, No significa afirmar que una persona con un padecimiento psicológico sea violenta. Esa asociación sería injusta. Significa reconocer que el bienestar emocional de niños y jóvenes sigue sin recibir la atención que merece y que los problemas de aislamiento, violencia, frustración, acoso, consumo de contenidos inapropiados y otras señales de riesgo necesitan atención profesional oportuna.
Ante estos acontecimientos hay un enemigo silencioso creciendo entre nosotros “la indiferencia”; nos estamos acostumbrando a mirar señales de alarma y continuar como si nada ocurriera. La familia supone que resolverá la escuela; la escuela hace lo que puede; la sociedad observa; las instituciones reaccionan cuando el problema explota, y después buscamos culpables.
También nosotros, como sociedad, debemos asumir nuestra responsabilidad, debemos estar al tanto de lo que sucede en nuestra propia casa, en el teléfono de nuestros hijos, en nuestras comunidades y en la manera en que hemos normalizado la violencia. Por otro lado corresponde al Estado encabezar una política seria, permanente y evaluable de prevención y seguridad escolar, no una simple campaña que dure mientras el tema sea tendencia; no otro protocolo que termine archivado; no fotografías de reuniones. Ofrecer resultados reales es la exigencia.
Los maestros no necesitan solamente reconocimiento cuando uno de ellos muere intentando proteger a sus alumnos. Necesitan condiciones para regresar vivos a casa todos los días.
Los estudiantes no necesitan únicamente atención psicológica después de presenciar una tragedia. Necesitan instituciones capaces de detectar riesgos antes de que suceda.
Y las familias no necesitan otro comunicado diciendo que “se reforzarán las medidas”. Necesitan saber cuáles, cuándo, con qué recursos, quién será responsable y cómo se evaluarán.
Torreón debe dolernos, no debe generar indiferencia. Que este hecho no termine convertido, una vez más, en indignación de unos cuantos días; menos discurso y más actuación; menos prohibición improvisada y más prevención; menos política vacía y profunda responsabilidad.
Porque hay temas en los que defender a un gobierno, atacar a otro o repartir culpas según nuestras simpatías políticas resulta miserablemente pequeño frente a lo que está en juego. Aquí están en juego nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros maestros. Y cuando una sociedad tiene que esperar otra tragedia para volver a hablar de ellos, entonces el problema no está solamente dentro de una escuela, el problema también está afuera. Dejemos de tapar pozos como un remedio tardío.
