Impulsa Sandra Amaya reestructuración de la EASE para cerrar paso a la corrupción

Impulsa Sandra Amaya reestructuración de la EASE para cerrar paso a la corrupción
Durango, Dgo.- La Diputada Sandra Lilia Amaya impulsa la reestructuración de la EASE para cerrar paso a la corrupción.
La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario: Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación e integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, presentó la iniciativa que busca reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado.
Con ello, se busca fortalecer la estructura, autonomía técnica y operatividad de la Auditoría Superior del Estado con un enfoque ético, transparente y funcional, eliminando prácticas que generan conflicto de interés y desconfianza ciudadana en los procesos de fiscalización.
En su participación, la legisladora al octavo distrito dijo que no se puede hablar de fiscalización efectiva si quienes deben auditar no tienen estructura definida ni límites normativos que protejan la integridad del proceso.

Destacó que la fiscalización del gasto público no debe entenderse como una función meramente técnica, sino como una herramienta fundamental para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción e impunidad.
La Auditoría ha operado con una estructura interna difusa, duplicidades operativas y márgenes de discrecionalidad que reducen su eficacia y credibilidad.
Propuso una clasificación clara de atribuciones entre las auditorías generales “A” y “B”, lo que permitirá delimitar funciones, asignar responsabilidades y optimizar el funcionamiento institucional.
“Se busca erradicar prácticas de “puerta giratoria”, prohibiendo expresamente que auditores o personal técnico presten asesorías o trabajen para entes fiscalizables durante su encargo y hasta cinco años después de concluirlo”
La iniciativa responde a la desconfianza ciudadana acumulada por prácticas que permitían a los auditores beneficiarse posteriormente del conocimiento adquirido en sus funciones.
La reforma se alinea con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas y principios constitucionales, además de responder al mandato ciudadano de fortalecer la ética en el uso del dinero público, puntualizó.