Impulsa Cynthia Mont infraestructura
pública accesible para todos
• Que los proyectos sean incluyentes desde su diseño: diputada
Con el objetivo de asegurar infraestructura incluyente, la diputada Cynthia Montserrat Hernández Quiñones, planteó reformar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, para que los proyectos de gobierno sean accesibles para todas las personas, especialmente para quienes viven con alguna discapacidad.
“Cuando los proyectos de infraestructura o equipamiento se conciben sin incorporar criterios de accesibilidad desde su origen, el resultado es conocido, rampas inexistentes, señalización inaccesible, transporte que excluye y edificios públicos que no pueden ser utilizados por todas las personas”, señaló al realizar la ampliación de motivos.
En este sentido, explicó que la propuesta establece que todas las obras y proyectos financiados con dinero público deberán presentar, desde su etapa inicial, una Cédula o Dictamen de Accesibilidad y Diseño Universal, documento que permitirá comprobar que la infraestructura o servicio fue diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo, particularmente quienes viven con alguna discapacidad.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, destacó que en México más de 20.8 millones de personas viven con alguna discapacidad o limitación, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI. En el caso de Durango, la cifra supera las 100 mil personas, lo que significa que prácticamente uno de cada 12 duranguenses enfrenta diariamente barreras físicas, de comunicación o de acceso en el espacio público.
Ante este panorama, cuestionó si realmente puede hablarse de igualdad cuando la infraestructura pública se diseña sin considerar desde el inicio a una parte importante de la población. Señaló que muchas de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad no surgen de la falta de voluntad social, sino de la forma en que se planea, presupuesta y ejecuta el gasto público.
La legisladora también explicó que diversos estudios del Banco Mundial señalan que incorporar criterios de accesibilidad desde la fase de diseño puede incrementar el costo de una obra apenas entre 0.5% y 1%, mientras que corregir posteriormente una infraestructura mal diseñada puede multiplicar los costos y generar un gasto público ineficiente.
“La iniciativa busca cerrar el vacío que existe en el proceso de programación y presupuestación del gasto público, para que ningún proyecto de infraestructura o inversión física de uso público pueda ejecutarse sin acreditar previamente que cumple con criterios técnicos de accesibilidad”, consideró.
